Sin las medidas urgentes de la PAH, miles de personas se
quedan atrás
Hoy se acaba de publicar la 7ª prórroga del plazo de
enmiendas al «Proyecto de Ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19» demostrando que la urgencia
de las familias nunca estará como prioridad en la agenda política.
Durante todo el estado de alarma estamos denunciando la
insuficiencia de las medidas aprobadas por el Gobierno para no dejar a nadie
atrás en la crisis sanitaria.
Ante la urgente necesidad de modificación de RDL 11/2020 de
31 de marzo de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
frente al COVID-19, la PAH hemos presentado, a todos los grupos parlamentarios
y al Gobierno, alegaciones para que realmente «nadie se quede atrás» y llegue a
todos los colectivos y sectores frágiles de la actividad económica. Empezando
por las familias que ya eran vulnerables antes de la COVID‐19 y siguiendo por
colectivos golpeados (personas dependientes, trabajadoras de la hostelería y
del comercio, autónomos, trabajadoras de la cultura, jornaleros, trabajadoras
domésticas, inquilinas de viviendas compartidas, sin papeles y migrantes).
De no ser así se estaría discriminando entre personas en una
misma situación simplemente por si llegaron antes o después a esa situación.
Una aberración que discrimina entre iguales. Si aprendemos de la historia, no
podemos permitir que la crisis sanitaria sea la excusa para repetir los errores
acumulados en la ultima década de recortes, precarización y desahucios. Más que
nunca sigue habiendo vidas en juego y es urgente actuar. Exigimos al gobierno
que nos escuche ya que con sus medidas la inmensa mayoría de la ciudadanía se
queda atrás. Dijimos lo mismo en el 2008 y no se nos quiso escuchar, no
entenderíamos que volviera a pasar lo mismo.
Semana tras semana el Gobierno y el principal partido en la
oposición, vienen prorrogando al plazo de enmiendas, impidiendo el comienzo del
trámite y alargando la llegada de una verdadera solución para las familias
vulnerables. Además, aún en el caso de que finalizaran las prórrogas y se
iniciara el trámite, este no acabaría antes de 6 meses, lo que va a impedir la
extensión de la cobertura a las familias que ya eran vulnerables antes de la
pandemia.
Estamos conociendo cómo, tras la reactivación de los
juzgados, se están empezando a señalar desahucios demostrando que la famosa
moratoria del gobierno no cubre a la inmensa mayoría de familias. Es por esto
que la PAH exigimos que en paralelo a la tramitación inmediata del RDL 11/2020
como proyecto de Ley se apruebe un RDL que recoja las medidas necesarias que
supongan la paralización inmediata de todo desahucio sin alternativa
habitacional, dando cumplimiento a las demandas de Naciones Unidas y del Comité
DESC
Desde la PAH queremos recordar que el Gobierno, tiene una
oportunidad única para demostrar que están al lado de la ciudadanía y no a
favor de las elites poderosas como la banca, los fondos de inversión, los
oligopolios y las políticas del capital.
Nuestras enmiendas sirven para realmente no dejar a nadie
atrás por lo que podremos comprobar qué partidos están realmente al lado de la
ciudadanía vulnerable de este país.
Como hemos demostrado, en nuestros más de 11 años de
historia, la PAH es un movimiento propositivo por lo que hemos hecho llegar a
los partidos y Gobierno 12 medidas a incorporar en la tramitación de RDL
11/2020 como ley. Fuimos las que denunciamos los abusos de la banca y la falta
del parque público y no se nos quiso hacer caso, fuimos las que exigimos una
moratoria de los desahucios y tampoco se nos quiso hacer caso.
Ahora somos las que decimos que con las medidas actuales la
inmensa mayoría de la ciudadanía se queda atrás. Esperamos que no se repita la
historia, nuestras propuestas son para el beneficio de la inmensa mayoría de la
sociedad.
Las principales medidas son:
- Suspensión de todos
los desahucios sin alternativa habitacional de forma indefinida, independientemente
del proceso judicial que lo insta (hipotecario, por impago de cuotas de
alquiler, por precario o penal). establecimiento del juicio de proporcionalidad
que viene reclamando a España el Comité DESC de Naciones Unidas
- Extensión de las medidas
a todas aquellas personas y familias que están en situación de vulnerabilidad,
no sólo las que han llegado ahora por el COVID. Que todas las familias que ya
eran vulnerables antes de la aparición de la crisis sanitaria actual por
diversas razones, como haberse quedado en desempleo, quienes viven de alquiler
en una habitación, quienes compartiendo piso no sea titular del contrato, o a
quienes finalizó su contrato antes del estado de alarma y ahora no tienen
ingresos suficientes para una alternativa adecuada, y otras circunstancias como
renta antigua y multitud de sectores que afecta.
- Exoneración en lugar
de pago aplazado, de las cuotas del pago de hipoteca y rentas del alquiler de
aquellas familias que se han visto afectadas por esta crisis, y también de
aquéllas que ya estaban con anterioridad en una situación de grave dificultad
económica, incorporando compensaciones adecuada a pequeños propietarios,
cambiando la diferencia entre pequeños propietarios, grandes propietarios ‐a
partir de más de 5 viviendas.
- Ampliación y mejora
de la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda extraordinaria.
Ampliar el tiempo de prórroga de los contratos que finalicen después del estado
de alarma, de 2 que propone el RDL 11/2020 de 4 a 6 meses siguientes. Ampliar la
prorroga a un año en vez de 6 meses que propone la ley
- Reducción y
modificación de requisitos para evitar la burocratización del procedimiento y
excluyen a muchas familias de la aplicación de las medidas.
- Ampliación de la
protección de los deudores hipotecarios encaminada a evitar la pérdida de
vivienda habitual, con una segunda aplicación del código de buenas prácticas.
- Ampliación de la
protección a las familias respecto a los suministros básicos de agua, luz y
gas; tarifa social y consumo mínimo vital.
- Parque público de
viviendas para satisfacer las necesidades de vivienda social y asequible, en
base a las viviendas desocupadas de los grandes tenedores como forma de
corresponsabilidad social y compensación del rescate anterior, haciendo
efectiva la función social de la vivienda.
Estas medidas se deben aplicar a toda familia (pre y post
COVID‐19) en situación de vulnerabilidad, como mínimo, hasta el 31 de diciembre
2021.
Si no es así, miles de personas #SeQuedanAtrás
Si quieres conocer el texto integro presentados a los grupos
parlamentarios y al Gobierno, lo puedes leer en este enlace
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