Como ya venía denunciando la PAH,
menos de 15 días después de abrir las ayudas por la Covid-19 en materia de
vivienda en Cataluña, se ha cerrado la recepción de las solicitudes. Una vez
más la falta de previsión y voluntad política de las administraciones deja
familias atrás.
A dos semanas de abrir las ayudas al alquiler por la Covid-19 en Cataluña
se habían recibido 14.000 peticiones, algo que supone según el Govern unos 50
millones de euros para las arcas públicas. La cantidad de dinero que el
gobierno central ha destinado a Cataluña es de 28,4 millones de euros. Además
de esto, se han establecido unos requisitos de acceso que son completamente
irreales y hacen que la mayoría de las afectadas no tengan derecho a
recibirlas. Asimismo, es necesario recordar que la media del precio de los
alquileres en Cataluña está muy por encima de los límites de estas ayudas.
Nos pidieron que nos confináramos y lo hicimos. Ante la incertidumbre de
ver como nuestros ingresos iban disminuyendo cada día, sin saber si
recuperaríamos nuestros trabajos, hemos tenido que elegir entre comer o pagar
recibos tan básicos como el alquiler o los suministros. No podemos tolerar que
sea la ciudadanía la que una vez más sufra la ineptitud de nuestros
gobernantes, que alardean con su "Nadie quedará atrás", palabras que
se quedan completamente vacías de contenido.
Mientras que la irresponsabilidad de nuestros gobernantes hace que miles de
familias sufran, en la PAH nos seguimos organizando. Seguimos denunciando que
no vamos a permitir que ninguna familia se quede atrás. Nosotras todavía no
entendemos quién tiene la culpa de esta crisis que estamos empezando a vivir,
pero sí sabemos quiénes son las personas que sufren las consecuencias de su
mala gestión. Y por eso exigimos a los políticos que estén a la altura de la
gente. ¿Qué gobernantes tenemos que no son capaces de prever cuántas familias
necesitarán las ayudas? Salen en los medios diciendo que esta vez han aprendido
la lección y que nadie se quedará atrás. ¿Y qué pasa? Ayudas que no llegan.
Mini créditos que --aunque denunciamos que no son la forma de afrontar esta
situación porque significan otra vez endeudamiento para las familias-- tampoco
nadie sabe cuándo estarán vigentes.
En la PAH ya hace mucho tiempo que proponemos soluciones para el problema
estructural de vivienda en nuestro país: regulación inmediata del precio del
alquiler, ampliación del parque público de vivienda con medidas como la
expropiación de la vivienda en manos de la Sareb (pagada con dinero público a
través del rescate bancario), cesión obligatoria de los pisos de grandes
tenedores y medidas para que la responsabilidad de que todo el mundo tenga una
vivienda digna recaiga también sobre los grandes propietarios, que se lucran a
costa del esfuerzo y las necesidades más básicas de las familias.
Ya basta de promesas políticas que no van a ningún lado. Es hora de que la
acción de los gobiernos se ajuste a la realidad y que sea verdad que esta vez
NO DEJAMOS A NADIE ATRÁS.
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